Aunque en teoría el presente gobierno está empeñado en librar una lucha contra la corrupción y la impunidad, de los 34 funcionarios destituido o renunciantes por manejos dolosos, solo Luis Dicent, del caso operación 13 de la Lotería Nacional, ha sido procesado ante la justicia, pero el Ministerio Público no ha podido demostrar su culpabilidad, y ha sido absuelto en dos instancias judiciales.

El eslogan de justicia independiente usado por este Gobierno no ha servido para que el brazo del Ministerio Público llegue a los casos de corrupción de los funcionarios de la presente administración, y según opiniones diversas, el organismo de persecución de la corrupción de la Procuraduría General de la República solo persigue de forma selectiva la corrupción ajena.

Pese a que, en diciembre del 2020, Abinader presentó al país un plan nacional contra la corrupción y para la recuperación de los bienes robados, y anunció la creación de una subdirección antifraude en la Contraloría, en los primeros 13 meses de su gestión resonaron 16 casos de corrupción, y casi terminado su período no se ha recuperado un solo peso de los que supuestamente se han robado.