Los polémicos puntos de modificación

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 16, que muchos consideran una amenaza a la soberanía nacional, ya que se percibe como un paso hacia la haitianizacion de la República Dominicana. Este artículo ha suscitado un fuerte rechazo, pues plantea la posibilidad de diluir la identidad nacional en un contexto donde la presión migratoria y la influencia haitiana ya son temas sensibles.

Otro punto controvertido es la propuesta de reducir el número de diputados de 190 a 137. Esta medida, aunque presentada como un esfuerzo por hacer más eficiente el Congreso, ha sido criticada por algunos sectores que la ven como un intento de consolidar el control del poder legislativo, limitando la representatividad y la diversidad de voces en la toma de decisiones nacionales.

Además, la supuesta independencia del Ministerio Público ha sido cuestionada, pues la propuesta indica que los miembros del Ministerio serían escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo en el que el presidente tiene un control significativo. Este diseño, lejos de garantizar una auténtica independencia, refuerza la percepción de que la reforma es un simple maquillaje para mantener el poder bajo la influencia directa del Ejecutivo.

¿Y la transparencia de las reformas?

La disconformidad entre los congresistas refleja un malestar más amplio dentro del PRM y en la sociedad dominicana, donde la falta de un debate abierto y transparente sobre las reformas ha generado desconfianza. La idea de que la reforma constitucional es una herramienta para consolidar el poder del presidente, en lugar de fortalecer la democracia y la institucionalidad del país, ha calado profundamente.

En medio de este clima de tensión, la posibilidad de que un grupo significativo de congresistas renuncie al PRM plantea una crisis política de grandes proporciones.

La situación exige una reflexión profunda por parte de todos los actores políticos. La reforma constitucional no debe ser un instrumento para concentrar poder, sino una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas. Ignorar las preocupaciones legítimas de los congresistas y de la ciudadanía solo puede llevar a una mayor polarización y a la erosión de la confianza en el liderazgo del país.